Algunas personas con diversidad funcional tienen necesidades afectivas, eróticas y sexuales que solo pueden satisfacer a través de un servicio especializado, por ejemplo, con un asistente sexual. A menudo, la familia, los tutores o las Instituciones les niegan este apoyo porque no les reconocen la sexualidad o no están de acuerdo, por razones morales o políticas, con este tipo de servicios. Este cuaderno debate sobre esta cuestión, partiendo de un documento elaborado por la Fundación Pere Mitjans.

En 2016, en el Espacio de Reflexión y Acción Ética (ERAE) de la Fundació Pere Mitjans se planteó la cuestión de si era ético y jurídicamente correcto que los profesionales ofrecieran apoyo y acompañamiento a una persona de cincuenta años en una grave situación de discapacidad que deseaba tener relaciones sexuales, para lo cual era necesario contratar a un trabajador sexual. El ERAE analizó y concluyó en un documento que el consentimiento del tutor era si acaso deseable, pero no necesario.

Sin embargo, la amenaza de un poder judicial en general poco comprometido con la diversidad y la libertad humana les llevó a consultarlo con distintos profesionales del derecho, algunos de ellos jueces y fiscales, lo cual aumentó la inseguridad jurídica porque nos dieron opiniones contrapuestas.

Tres años después fue posible someter el documento, a la discusión de los participantes en una jornada organizada por la Fundació Víctor Grífols i Lucas, cuyas aportaciones se publican en el cuaderno “Sexualidad y diversidad funcional”.

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